En un golpe a la corrupción judicial del Atlántico, la Dijín, a través del Grupo de Investigaciones Especiales del Área Anticorrupción, ha judicializado a varios funcionarios, abogados y particulares señalados de participar en un sistema fraudulento que habría operado entre 2016 y 2022.

Los implicados —incluyendo un juez, el ex-secretario del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Barranquilla, dos defensores y dos particulares— habrían autorizado el pago de más de 2.500 títulos judiciales a terceros sin legitimación para ello, por montos superiores a 2.000 millones de pesos.

Las autoridades señalan que los títulos correspondían a procesos jurídicos que estaban inactivos o sin seguimiento, y pese a ello se emitieron órdenes de pago. Análisis pericial determinaron que algunas firmas y huellas dactilares en las órdenes coincidían con las de los funcionarios implicados.

Entre los delitos que se les imputan están peculado por apropiación y concierto para delinquir. Los capturados ya enfrentan cargos judiciales que buscan sancionar esta presunta estructura criminal encargada de generar un grave detrimento patrimonial del Estado.