La Fiscalía General de la Nación anunció una nueva imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, dentro del proceso judicial que enfrenta por presuntos hechos de corrupción. En esta oportunidad, el ente acusador le atribuye los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público, relacionados con convenios firmados durante su gestión como diputado del Atlántico.

De acuerdo con las investigaciones, los cuestionamientos se centran en cinco contratos celebrados con la Fundación Conciencia Social (Fucoso), por un valor superior a 3.000 millones de pesos. Dichos convenios estaban destinados a programas sociales de apoyo a adultos mayores y estudiantes con discapacidad. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que varios de estos proyectos no se habrían ejecutado de acuerdo con lo pactado, lo que generó sospechas de desviación de recursos públicos.

La audiencia de imputación fue fijada para el próximo 1 de octubre de 2025 en un juzgado de Barranquilla, en la que se espera que el Ministerio Público presente nuevas pruebas documentales y comunicaciones electrónicas, incluyendo chats y correos, que vincularían a Petro con la fundación en cuestión.

En un comunicado previo, la Asociación de Ingenieros Químicos y otros expertos contratistas advirtió sobre posibles irregularidades en la ejecución de los proyectos, lo que reforzó la línea de investigación de la Fiscalía. Además, se conoció que entre las evidencias presentadas se encuentran testimonios de contratistas y supuestos beneficiarios que afirman no haber recibido los apoyos sociales previstos.

Por su parte, Nicolás Petro rechazó los señalamientos y aseguró que es víctima de un “montaje procesal”, negando cualquier relación contractual con Fucoso. El exdiputado indicó que el caso responde a intereses políticos y denunció una persecución judicial en su contra.

Este proceso se suma a las investigaciones que ya enfrenta Petro por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, derivadas de las declaraciones de su expareja, Day Vásquez, quien reveló supuestas entregas de dinero provenientes de cuestionados financiadores. En el marco de esos procesos, Nicolás Petro ya había sido privado de la libertad en 2023, aunque posteriormente recuperó su libertad mientras avanzaban las indagaciones.

El caso ha generado un fuerte debate político, dado que el hijo del presidente enfrenta imputaciones judiciales de alto perfil en medio de un contexto electoral y de cuestionamientos a la transparencia en el uso de los recursos públicos en el Atlántico.