La Procuraduría General de la Nación refrenda su compromiso con las familias de desaparecidos forzadamente en Colombia, enfatizando que el deber del Estado va más allá de las cifras y los expedientes —es una obligación humana e histórica. El enfoque institucional se alinea con demandas reiteradas por organismos de derechos humanos:

• La Defensoría del Pueblo ha denunciado que, hasta abril de 2025, 201 819 personas están reconocidas oficialmente como víctimas de desaparición forzada, entre directas e indirectas, en un país donde el subregistro sigue siendo crítico.
• Amnistía Internacional ha urgido aplicar la Ley 2364 de 2024, diseñada para proteger a las mujeres buscadoras —quienes enfrentan amenazas y obstáculos mientras buscan a sus seres queridos desaparecidos— y garantizar su participación segura y digna.
• Organizaciones de víctimas y la JEP han evidenciado que, pese a compromisos normativos, la impunidad alcanza niveles cercanos al 99 %, y sectores como Arauca o Cauca se llevan la peor parte.

Organizaciones de víctimas y la JEP han evidenciado que, pese a compromisos normativos, la impunidad alcanza niveles cercanos al 99 %, y sectores como Arauca o Cauca se llevan la peor parte. En materia forense, la JEP ordenó en marzo de 2025 la actualización de los “Estándares Forenses Mínimos para la Búsqueda de Personas Desaparecidas”, elaborados en colaboración con Medicina Legal, la Unidad de Búsqueda (UBPD), la Fiscalía, la Procuraduría y organizaciones víctimas. Desde entonces, se han exhumado 1 701 cuerpos, identificado a 173 personas y entregado 98 restos de manera digna.

La comunidad jurídica también exige respuestas contundentes: se documenta que 39 militares y dos civiles son procesados por la desaparición forzada y asesinato de 442 civiles (falsos positivos) en Antioquia entre 2004 y 2007, parte de una política de “conteo de cuerpos” que afectó a 6 402 víctimas en todo el país.

A nivel internacional, la ONU alerta que, a pesar del Acuerdo Final de Paz, muchos casos siguen sin resolverse. Se denuncia que entre 84 330 adultos y 9 964 niños y niñas están desaparecidos, muchas veces con obstáculos para activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente o coordinar esfuerzos institucionales.