El presidente Gustavo Petro criticó duramente los recientes ataques de Estados Unidos con misiles a embarcaciones en el Caribe que, según Washington, transportaban drogas. En declaraciones hechas ante la Asamblea General de la ONU, señaló que lanzar misiles sobre embarcaciones — sin certeza de quiénes eran sus ocupantes — es “un acto de tiranía”. 

El mandatario pidió que se abra una investigación penal contra los funcionarios de EE. UU. involucrados, incluido Donald Trump, para que se clarifiquen responsabilidades legales. 

Petro también acusó que los muertos en estos ataques podrían no ser grandes capos del narcotráfico, sino jóvenes pobres de zonas caribeñas o del Pacífico, lo que, según él, convierte las operaciones militares en una forma de criminalización de la pobreza. 

Estas declaraciones han generado críticas diplomáticas y un debate sobre la legalidad del uso de fuerza militar por Estados Unidos en escenarios donde hay presunciones pero no certeza de quiénes son los ocupantes de las embarcaciones.

En otro frente, respecto al hundimiento de una lancha rápida en aguas cerca de República Dominicana, Petro sugirió que EE. UU. y República Dominicana serían “culpables de asesinato de ciudadanos colombianos” si se confirmaba que los tripulantes eran colombianos. El ataque ocurrió a unos 80 millas náuticas de Isla Beata y se reportó que se incautaron 377 paquetes de droga.

Petro también pidió a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, que recuperara los cadáveres de las víctimas, al sospechar que el ataque ocurrió en aguas de ese país. Sin embargo, la mandataria rechazó investigar y felicitó a EE. UU. por la acción.

Las reacciones internacionales no se han hecho esperar. El diario AP News reportó que, según Petro, esos ataques letales habrían dejado 17 muertos. El mandatario repudió que Washington calificara a los tripulantes como parte del “Tren de Aragua” y sostuvo que esas acusaciones servirían para legitimar la violencia. 

En su discurso ante la ONU, Petro también criticó duramente la política antidrogas estadounidense, denominándola una “guerra contra la pobreza” disfrazada, más que una lucha real contra los narcos.