El Distrito de Barranquilla ha ratificado que defenderá los límites territoriales con Puerto Colombia, especialmente lo correspondiente al Corredor Universitario, pese a los recientes fallos judiciales y decisiones administrativas que han generado incertidumbre en cuanto a la jurisdicción y competencia sobre las 1.402 hectáreas en disputa. La alcaldía asegura que “jamás renunciará a lo que le pertenece”.

El origen del conflicto territorial se remonta a la Ordenanza 000075 de 2009, emitida por la Asamblea Departamental del Atlántico, que fijaba los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia. El Consejo de Estado, en febrero de 2025, anuló esa ordenanza, determinando que dicha asamblea no tenía competencia para definir los límites, pues esa competencia corresponde al Congreso de la República. 

Barranquilla, por su parte, presentó solicitud formal ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para que se adelante un proceso de deslinde técnico-cartográfico, histórico y jurídico, con pruebas fácticas que, según el Distrito, favorecen su pretensión de mantener el Corredor Universitario como de su jurisdicción.

Puerto Colombia rechazó los efectos territoriales del fallo, argumentando que no ha sido notificado oficialmente y que la sentencia del Consejo de Estado no entrega territorio al Distrito, ni quita jurisdicción administrativa, fiscal o jurídica a Puerto Colombia mientras no se haga un deslinde formal y definitivo, “Este fallo no podría implicar ningún cambio territorial de Puerto Colombia, pues no corresponde al Consejo de Estado definir los límites entre entes territoriales.” Alcaldía de Puerto Colombia.

También hay disposición de ambas partes para llegar a un consenso. Barranquilla ha manifestado estar “dispuesta al diálogo”, mientras que Puerto Colombia asegura que defenderá “todos los terrenos que le pertenecen históricamente”, sin ceder ni un centímetro de lo que considera su territorio legítimo. 

El IGAC tendrá un rol clave, pues debe realizar estudios cartográficos, geodésicos, catastrales e históricos, y emitir un informe para que luego el Congreso de la República, por medio de sus comisiones respectivas, pueda definir de forma definitiva los límites territoriales entre ambos entes.