El expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó una carta ante el Tribunal Superior de Bogotá en la que renuncia explícitamente a su derecho a la prescripción de la acción penal en el caso que enfrenta por soborno en actuación penal y fraude procesal.

 La renuncia se realiza a aproximadamente un mes y medio de que venza el plazo legal para que una sentencia de segunda instancia se profiera. Valores legales estipulan que, de no intervenir, el expediente podría quedar archivado sin una resolución definitiva.

En su escrito, Uribe argumenta que “sería hipócrita” beneficiarse de la prescripción en perjuicio de que la Sala conozca del fondo del asunto con condiciones concretas para proferir un fallo “…sereno, ponderado e integral…” Desde el punto de vista legal, expertos como el exfiscal Mario Iguarán señalaban que, aun con la renuncia, el proceso podría prescribir si transcurren dos años sin que exista fallo en segunda instancia

En cuanto a implicaciones políticas, la medida ha sido interpretada como un movimiento estratégico en contexto electoral, dado que permite que el proceso siga abierto y no se archive antes de las elecciones de 2026. Sectores afines al expresidente lo presentan como un gesto de transparencia, mientras que críticos advierten sobre posibles motivaciones políticas detrás del acto