El reciente desprendimiento de una parte de la fachada durante la construcción de una vivienda de tres pisos en el barrio Olaya encendió las alarmas: ¿qué controles están fallando? El desplome ocurrió mientras varios obreros trabajaban, evidenciando lo que muchos expertos han denunciado: construcciones que avanzan sin permisos, sin licencia, e incluso lejos de lo aprobado originalmente.

 El ex curador urbano Jaime Fontanilla recordó que cada aplicación constructiva requiere permisos arquitectónicos, estructurales y jurídicos claros, y que las normas en Colombia son tan rigurosas que basta con que un obrero no tenga casco para suspender una obra.

La presidenta de la Lonja de Propiedad Horizontal, Silvia Padilla, denunció que cerca del 85 % de los edificios en Barranquilla no cumplen con las normas contra incendios, incluyendo elementos esenciales como escaleras de evacuación y puertas cortafuego. 

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, Néstor Escorcia, apuntó al déficit de profesionales idóneos en obra: muchas veces falta un ingeniero con matrícula, un experto en seguridad y salud en el trabajo, un arquitecto y, además, un geotecnista que respalde la viabilidad estructural del terreno.

En esta misma línea, el arquitecto Kevin Rodríguez urgió revisar los Planes de Ordenamiento Territorial: son estos los que determinan si el uso del suelo permite edificar ciertos pisos, y podrían señalar dónde ocurrió la falla que derivó en el desplome.

Desde el nivel nacional, la Contraloría ha advertido sobre 25 proyectos críticos en el Atlántico, muchos con recursos públicos millonarios y con riesgo de quedar como “elefantes blancos” por deficiencias en planeación y ejecución. Mientras tanto, emergen otras zonas críticas: en el barrio El Rubí, ya se han demolido 17 casas e intervenido en al menos otros 24 predios que se levantaron sobre zonas de riesgo o sin los debidos permisos, como resultado de operativos desde el año 2014.