La Procuraduría General de la Nación amplió la investigación disciplinaria ya en curso, por irregularidades en el contrato para expedir pasaportes, e incorporó formalmente a la Imprenta Nacional —junto con la Cancillería y funcionarios de alto nivel— como sujetos de investigación. Se cuestionan fallos en la planeación, ausencia de estudios técnicos y documentación soporte, así como la falta de legitimidad del acto administrativo que autorizó el convenio con Portugal. 

Desde el 6 de agosto, el Ministerio Público incluso realizó una inspección presencial a la sede de la Imprenta Nacional, liderada por el procurador delegado Marcio Melgosa, para recabar documentos físicos y digitales que respalden el proceso y evaluar la capacidad técnica de la entidad para asumir esta responsabilidad desde 2026. 

La Procuraduría advierte que, si no se firma pronto el nuevo contrato y no hay claridad en la logística, el país podría quedarse sin pasaportes: ¿Sabías que la demanda pasó de 8.000 a 13.000 documentos diarios? A este ritmo, las libretas físicas podrían agotarse para mediados de agosto.

La crisis ya había dejado fuera del Gobierno a tres cancilleres: Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, quienes enfrentan investigaciones por cómo se gestionó el proceso (uso indebido de la urgencia manifiesta, falta de planificación y extralimitación de funciones). A este conflicto se suman las alertas sobre errores graves en la Imprenta Nacional, donde el ente de control ha detectado documentos sin sustento jurídico o técnico.

La situación se torna aún más crítica porque el contrato histórico con Thomas Greg & Sons fue prorrogado hasta el 31 de agosto de 2025 —y ahora extendido por ocho meses más mientras se define el nuevo modelo público—. De no mediar una solución rápida, Colombia corre el riesgo de quedarse sin pasaportes válidos.