Diversos organismos internacionales, incluyendo Naciones Unidas, han manifestado que las recientes sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) constituyen un avance concreto en la lucha contra la impunidad en Colombia. Uno de los comunicados divulgados señala que estas decisiones restaurativas ayudan a dar voz a las víctimas, reconocer responsabilidades y generar espacios de verdad y reparación.

En particular, el Sistema de Naciones Unidas en Colombia recordó que las sentencias restaurativas impuestas en casos como los secuestros cometidos por las extintas Farc-EP y los falsos positivos representan una herramienta clave para exigir rendición de cuentas, restaurar la dignidad de las víctimas y asegurar que crímenes cometidos durante el conflicto armado no queden sin sanción.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, también ha defendido que la institución está cumpliendo un mandato largamente postergado. En respuesta a las críticas sobre lentitud o supuesta impunidad, dijo que “impunidad es no investigar ni sancionar”, y afirmó que los macrocasos que faltaban por resolverse estaban ahora siendo judicializados y sentenciados. 

Además, el Ministerio de Defensa y la JEP están coordinando acciones institucionales para que las sanciones sean efectivamente implementadas en los territorios, garantizando condiciones de seguridad, seguimiento y financiamiento para los proyectos restaurativos.

Aun así, han surgido cuestionamientos de víctimas y organizaciones civiles, quienes aunque reconocen el valor simbólico del proceso, han expresado reservas acerca de la dimensión de las sanciones (que no incluyen cárcel en algunos casos) y de las garantías para que los procesos restaurativos no terminen aperturistas, contribuyendo realmente a la verdad y al no repetición.