Colombia encabeza nuevamente los rankings globales de riesgo para quienes defienden el medio ambiente. Según el informe “Voces silenciadas” de Global Witness, en 2023 fueron asesinados 196 defensores del medio ambiente en todo el mundo, y 79 de esos casos ocurrieron en Colombia —la cifra más alta registrada en cualquier país desde que la ONG monitorea esta violencia, en 2012. 

De esos 79 activistas asesinados, 31 eran indígenas y 6 afrodescendientes. Las regiones más afectadas fueron principalmente las del suroccidente del país: Cauca (26 casos), Nariño (9), Putumayo (7).

Aunque hubo una reducción en los casos para 2024, Colombia se mantiene como el país con más asesinatos de ambientalistas en el mundo por tercer año consecutivo. En 2024 se registraron 48 homicidios de defensores ambientales. Esa cifra representa aproximadamente un tercio de todos los ataques letales documentados por Global Witness en ese año.

El informe también señala que alrededor de la mitad de los crímenes cometidos en Colombia son atribuidos a grupos delictivos organizados. Además de los asesinatos, se documentan otros tipos de violencia: amenazas, hostigamientos, detenciones ilegales, judicialización y criminalización de los defensores.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha alertado sobre el aumento de homicidios de defensores ambientales, haciendo énfasis en habitantes indígenas, afrodescendientes y campesinos, especialmente en territorios donde confluyen cultivos ilícitos, minería ilegal y presencia de grupos armados. 

Aunque el Estado ha emitido pronunciamientos y el país firmó el Acuerdo de Escazú en 2018 —tratado internacional que busca garantizar derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales— la implementación efectiva ha sido criticada como insuficiente por parte de las comunidades defensoras y ONGs.