Desde la entrada en vigor de la Ley 2466 de 2025 (la reciente reforma laboral en Colombia), se observa una creciente tendencia de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) a recurrir a los contratos por prestación de servicios u otras modalidades no laborales, como los tan polémicos OPS (órdenes de prestación de servicios). Este cambio responde en gran medida al ajuste en los costos laborales y obligaciones que la reforma impone, que en muchos casos las MiPymes consideran difíciles de asumir bajo la contratación tradicional.

Datos clave

• Según la Encuesta de Desempeño Empresarial de ACOPI Atlántico (segundo trimestre de 2025), el 55,7 % de las MiPymes redujo su planta laboral, perdiendo en promedio tres empleos por empresa.
• En ese mismo estudio se detectó un incremento considerable en el uso de modalidades atípicas de contratación, entre ellas los contratos por obra o labor, contratos de prestación de servicios y otras figuras flexibles. En particular, los contratos por obra o labor pasaron de un nivel muy marginal en 2024 a representar el 17,4 % del total de vinculaciones (MiPymes) en 2025.
• En el sector salud, por ejemplo, el Ministerio de Salud tuvo un aumento del 68 % en el número de contratos OPS entre 2022 y 2024, y el costo de esos contratos se triplicó en ese período, pasando de ~911 contratos en 2022 a ~1.531 en 2024.

¿Qué está motivando este aumento?

• La reforma laboral eleva obligaciones para los empleadores: mayores recargos por horas nocturnas, festivas y dominicales; mayores costos de seguridad social; licencias adicionales; límites a la tercerización; entre otros. Estos cambios hacen que para muchas MiPymes los contratos laborales tradicionales sean menos manejables en términos económicos.
• Como mecanismo de adaptación, algunas MiPymes están optando por contratos que implican menos responsabilidades legales, prestaciones sociales más limitadas o ninguna, menor estabilidad y flexibilidad para ajustar su fuerza laboral según la demanda. Esto incluye formatos como OPS, contratos de obra o labor, etc.

Consecuencias

• Pérdida neta de empleo: muchas MiPymes reportan que los empleos que se están eliminando superan a los que se generan, lo que ha generado una cifra negativa en creación de puestos de trabajo. 
• Precarización laboral: los trabajadores bajo OPS o modalidades no laborales en muchos casos no tienen beneficios como cesantías, primas, vacaciones, estabilidad, etc. Esto crea incertidumbre laboral.
• Riesgo para los derechos de los trabajadores, para la formalidad y para la sostenibilidad social del mercado de trabajo, si se consolida una tendencia hacia relaciones laborales cada vez más flexibles y menos protegidas.
• Para las MiPymes, ahorro en costos inmediatos, pero también riesgo de menor compromiso, alta rotación, menor productividad o reputación, conflictos legales si se determinan irregularidades.

Lo que aún falta por aclarar

• No todos los datos están desagregados por sector, región o tipo de MiPyme, lo cual impide ver con claridad quiénes están más afectados.
  
• No está claro hasta qué punto los contratos OPS o prestacionales administran bien los riesgos legales o si se están incurrriendo en ilegalidades (cuando se utiliza OPS para funciones que deberían ser laborales).
  
• Tampoco se tiene todavía un balance completo de cuántas empresas están migrando voluntariamente a OPS versus aquellas que lo usan como recurso de necesidad/exigencia.